reclutamiento forzado de los menores de la comunidad, casos de violencia sexual contra las mujeres, falta de acceso a servicios de salud y problemas de gobernanza y recursos del resguardo”.
“Las entidades accionadas, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras (ANT), aseguraron que el registro de la comunidad ante el Ministerio del Interior, la constitución de un resguardo para la comunidad y su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) no procedía, pues estos ya contaban con el reconocimiento de derechos en el Resguardo de Caño Mochuelo como miembros de la comunidad de El Merey”.
