La controversia gira en torno al supuesto incumplimiento de las obligaciones asumidas mediante la suscripción del acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo por parte del ente territorial demandado, inobservancia en cuya virtud el Servicio Geológico Colombiano, según sostuvo, no pudo legalizar los recursos aportados para el desarrollo del proyecto, los cuales provenían del Fondo Nacional de Regalías.