“Las empresas investigadas llevaron a cabo un total de 833 operaciones con vehículos que, presuntamente, no cumplirían con la normatividad vigente, ya que se trata de automotores que no contaban con un certificado de cumplimiento de requisitos o con la aprobación del Ministerio de Transporte. En caso de ser encontradas responsables podrían ser sancionadas con multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.