El Consejo de Estado, en segunda instancia, hizo precisiones sobre la competencia para la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura vial, y concluyó que la ANI y la Concesionaria San Rafael S.A, son responsables por la falta de adopción de medidas que permitan el cruce de los peatones en el referido tramo”.
“Consejo de Estado ordenó a la ANI, al municipio de Ibagué y la Concesionaria San Rafael S.A tomar medidas que permitan el cruce de los peatones en la vía que conduce al sector de Picaleña en el referido municipio
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“La Defensoría del Pueblo – Regional Tolima, en ejercicio de la acción popular, contra el municipio de Ibagué y el Instituto Nacional de Vías -Invias, tendiente a que se protejan los derechos colectivos al goce del espacio público y a la seguridad pública, debido a la falta de un puente peatonal en la “Avenida Mirolindo, kilómetro 4, vía Picaleña”.
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