Esta última se refiere a que le exijan al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y la imposición de reglamentos.
Para la Sala, no se demostró que en la vinculación que tuvo el demandante con la Dirección Nacional de Estupefacientes a través de sendos contratos de prestación de servicio, durante el periodo de cerca de cuatro años, se configuraran los elementos propios de la relación laboral, por lo que no se logró acreditar el derecho a que la entidad demandada le reconozca y pague las acreencias laborales y prestaciones sociales por el lapso aludido.
