La Corte Constitucional protegió los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de un exmilitar y su familia vulnerados por un juzgado administrativo de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no tramitaron una demanda que presentaron contra el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional. El uniformado
formuló una demanda de reparación directa para obtener la indemnización de los perjuicios que alega le fueron causados por una transfusión de sangre que le hicieron en el Hospital Militar Central de Bogotá y que, presuntamente, ocasionó su contagio y el de su esposa con VIH y Hepatitis C.
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