culminado los procedimientos administrativos especiales que adelanta en el corregimiento de “El Garzal”, ubicado en el municipio de Simití, Bolívar. “Tras examinar los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte concluyó que la entidad accionada vulneró el derecho fundamental de petición de Salvador Alcántara, así como el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la totalidad de los accionantes. Lo primero, por cuanto las respuestas proferidas por la ANT al derecho de petición presentado el 26 de abril de 2017 no fueron prontas ni de fondo”.
Corte ordenó a la ANT tramitar y a adelantar los procedimientos de adjudicación de los bienes declarados como baldíos de la Nación, con el fin de garantizar el acceso progresivo a la tierra de los miembros de la comunidad campesina de “El Garzal”
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Ante la Corte Constitucional 107 personas interpusieron una acción de tutela en contra de la ANT. En su solicitud, los accionantes invocaron, entre otros, la protección de sus derechos de petición y al debido proceso administrativo. Esto, debido a que la entidad accionada no había proferido respuesta de fondo sobre el derecho de petición presentado por los accionantes ni
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