La controversia se suscitó por un contrato de consultoría suscrito entre Acuavalle S.A. E.S.P. y el Consorcio A&A, con el objeto de que se realizara la “elaboración de diseños detallados y formulación de proyectos de acueducto y alcantarillado en los municipios y zonas rurales de la zona 11, enmarcados en el PDA, con un plazo de ejecución de ocho meses.
Acuavalle S.A. E.S.P. no cumplió con el contrato “porque en su sentir, dependía de la liquidación del convenio interadministrativo que había suscrito con el Departamento del Valle del Cauca. El Consejo de Estado Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se declaró probada la excepción de caducidad.
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