El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, de los perjuicios derivados de la muerte de un ciudadano, que se derivó del atentado terrorista con artefacto explosivo que tuvo lugar el 14 de abril de 2002 en la ciudad de Barranquilla, durante la campaña del expresidente Álvaro Uribe, en el 2002.