de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente, la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que este tipo de ataques sucedan”. Los demandantes “solicitaron $300.000.000 por daños materiales y, para cada uno, 1.000 gramos oro por perjuicios morales”. Con ponencia del Magistrado Guillermo Sánchez Luque, la sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia del 19 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.
