La CRA precisó el esquema de recolección de residuos domiciliarios en Bogotá, tras la culminación del área de servicio exclusivo en febrero de 2026 y su prórroga. La consulta abordaba si la figura de los prestadores se mantenía y si otros podían ingresar a competir libremente en la recolección y transporte de no aprovechables. La CRA explica que Bogotá sigue bajo la figura de Áreas de Servicio Exclusivo, un esquema excepcional prorrogado por la Resolución CRA 1027 de 2026. Esta medida transitoria fue implementada en cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional para proteger a la población recicladora. La ampliación del plazo puede superar los ocho años, sujeta a la expedición de una nueva metodología tarifaria y a que el Distrito Capital defina un esquema operativo que garantice la no regresividad de las acciones afirmativas para recicladores. Por tanto, la dinámica no permite la libre competencia de otros prestadores en las áreas establecidas mientras persista este esquema exclusivo.
La SIC analizó el proyecto de norma de la CRA que subrogará el Título 2, Parte 3, Libro 5 de la Resolución 943 de 2021, redefiniendo la metodología tarifaria para prestadores del servicio público de aseo que atiendan municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos. La SIC ha enfocado su análisis en aspectos que podrían afectar la libre competencia, como la distinción entre ORO y D-ORO en el aprovechamiento, la remuneración y seguridad social de los recicladores de oficio, la segmentación regulatoria entre GEA y DGEA, el régimen de calidad y descuentos, y la metodología para la constitución de clústeres en la actividad de barrido y limpieza. Particularmente, la SIC sugiere una revisión desde la perspectiva de la competencia a la segunda etapa de la metodología de clústeres, que estima el rendimiento operativo promedio de barrido manual.
El Ministerio de Agricultura avanza con la adopción de lineamientos para los Planes de Desarrollo Sostenible en las Zonas de Reserva Campesina. Este proyecto busca consolidar la protección constitucional del campesinado, garantizando sus derechos a la tierra, a la soberanía alimentaria y a un desarrollo integral. Los planes, formulados participativamente con organizaciones campesinas, son ahora determinantes clave para el ordenamiento territorial y la gestión ambiental. La iniciativa promueve la equidad, la producción sostenible y la integración de estas zonas en la planificación nacional y regional, marcando un paso fundamental para la paz y el bienestar rural con el apoyo de agencias como la ANT y ADR.
La SSPD estableció en 3.731 el número de prestadores de servicios públicos domiciliarios que serán la base para calcular la contribución especial del año 2026. Este mandato, fundamentado en la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1369 de 2020, subraya el rol de la Superintendencia en la inspección, vigilancia y control de la prestación eficiente de estos servicios en el país.
El Gobierno, mediante un proyecto de decreto, busca adoptar la Política Pública de Acción Comunal, reglamentando el artículo 84 de la Ley 2166 de 2021. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio del Interior en concertación con la Confederación Nacional de Acción Comunal y el DNP, busca fortalecer la organización democrática, participativa y representativa de la acción comunal en todo el territorio nacional. Con una vigencia de diez años, la política se estructura en seis ejes estratégicos y catorce líneas temáticas para solucionar trece problemáticas identificadas. Los objetivos incluyen impulsar el desarrollo territorial y económico, fortalecer la incidencia política, proteger el medio ambiente, fomentar la identidad cultural y construir tejido social, garantizando la formación y seguridad de líderes comunales.