El Ministerio de Trabajo emitió un proyecto de norma que ampliaría por 12 meses el plazo para que los empleadores cumplan con los numerales 1, 15, 16, 17 y 18 del “Artículo 12 Obligaciones del Empleador” de la Resolución No. 1857 de 2024. Esta extensión, que se aplica hasta el 28 de mayo de 2025, busca permitir a las empresas y contratistas realizar los ajustes necesarios para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. La medida responde a la necesidad de mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores, alineándose con los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales, que promueve la salud ocupacional y previene riesgos laborales. La resolución subraya la importancia de la responsabilidad de los empleadores en la creación de un entorno laboral seguro.
La Corte determinó que la Empresa Aguas de Bogotá vulneró los derechos de una trabajadora al despedirla sin justa causa, a pesar de que su condición de salud, lupus eritematoso sistémico, era conocida por la entidad. La Corte constató que la trabajadora había estado recibiendo tratamientos médicos y enfrentando complicaciones que afectaron su desempeño laboral. Aunque la empresa no conocía el nombre exacto de la enfermedad, sí tenía conocimiento de la situación de salud desde el inicio de la relación laboral. El despido fue considerado discriminatorio, y la Corte ordenó el reintegro al cargo que desempeñaba o a uno similar. Además, se recordó que el fuero de estabilidad laboral reforzada, establecido en la Ley 361 de 1997, protege a los trabajadores con condiciones de salud que dificultan su desempeño, incluso sin un dictamen formal de disminución de capacidad laboral. La trabajadora deberá presentar una demanda ante el juez laboral para continuar con el proceso.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Trabajo están liderando la construcción del CONPES de Trabajo Digno y Decente, una política pública que busca promover la equidad de género y la dignidad laboral en Colombia. A través de talleres participativos en más de 20 departamentos, se están recolectando ideas y comentarios de mujeres y comunidades sobre sus necesidades y visiones respecto al trabajo decente. Entre los temas abordados se encuentran la brecha salarial, el trabajo no remunerado, la discriminación laboral y la dignificación de labores como el trabajo doméstico y la partería. Este proceso incluye la participación de organizaciones sociales, sindicales y líderes comunitarios, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con el empleo digno y la justicia social. Se espera que el CONPES esté listo en el primer trimestre de 2025, integrando las aportaciones recogidas durante las jornadas de escucha y participación. Este esfuerzo busca no solo reconocer el trabajo de las mujeres, sino también materializar sus sueños y necesidades en una política pública que refleje sus realidades y aspiraciones.
Esta decisión la adoptó la Corte en diciembre de 2023, pero el texto de la providencia fue publicado en diciembre de 2024. En este importante fallo, la Corte revisó una acción de tutela interpuesta contra Colpensiones, el municipio de Montería y la Universidad del Sinú, por la omisión de periodos laborales y salarios en su historia laboral. La Corte determinó que Colpensiones vulneró sus derechos a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y al habeas data. Se ordenó a Colpensiones corregir la historia laboral del acionante, asegurando la inclusión de la información omitida.
El ministerio de Salud adoptó el Plan de la Cultura de la Seguridad Social para el periodo 2025-2028. Este plan busca fortalecer la educación y la comunicación sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, promoviendo un enfoque diferencial que garantice el acceso equitativo a la información y servicios, especialmente para grupos históricamente discriminados. Se enfatiza la formación de capacidades comunicativas entre agentes y usuarios, así como la evaluación constante de los procesos comunicativos. Además, se identifican acciones específicas para mejorar la confianza entre usuarios y funcionarios, abordando la desconfianza existente y promoviendo un trato humanizado. El plan también incluye estrategias educativas y de sensibilización para fomentar una cultura de seguridad social que respete las tradiciones y costumbres de la población, contribuyendo así a una mejor atención y protección de la salud en un contexto multicultural.