A través del concepto, la Entidad aclaró que las competencias para autorizar a personas jurídicas o naturales para ejercer la actividad de distribución minorista de combustibles líquidos están en cabeza del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1073 de 2015.

De acuerdo con el concepto de la CREG, el OR es el encargado de la planeación, la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de su sistema, y que para prestar el servicio utiliza activos que son remunerados mediante los cargos por uso aprobados a la empresa.

Se aclara que la CRA no cuenta con facultades jurídicas para la imposición de servidumbres de paso de agua a favor de usuarios de del servicio de acueducto, estas deberán ser iniciadas ante la jurisdicción civil o promover su imposición por las autoridades administrativas locales (alcaldías municipales).

A través del presente concepto, la Entidad hizo un repaso de todas las actividades y facultades que tiene la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico frente a la prestación de servicios. Puede conocer los detalles consultando el documento publicado por la entidad.

De acuerdo con el concepto, “La prestación continua de un servicio de buena calidad es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos. El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se denomina, “falla en la prestación del servicio” la cual da derecho al suscriptor o usuario, desde el momento en el que se presente, a la resolución del contrato, o a su cumplimiento con las reparaciones previstas en el artículo 137.”

El artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 regula los contratos respecto de los cuales el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo del anticipo. Así, deberá aplicarse la disposición citada en los contratos de obra, concesión, salud, así como a todos los que se realicen por licitación pública. Esta norma excluye los contratos de obra, concesión y

Las causales del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 aplican a los «[…] los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales […]», sin distinguir entre modalidades de selección.

A través del concepto quedó dispuesto que, si en un procedimiento de selección se presenta una persona jurídica o proponente plural en los que la participación mayoritaria en las utilidades es de las mujeres cabeza de familia o mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, se prefiere a este sobre los demás oferentes.