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Conceptos

Conceptos (7)

A través del concepto, el INVIMA indicó que no es posible que un acto administrativo general y abstracto, dentro de sus disposiciones, se ocupe de regular o suspender el término de caducidad que se encuentra establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

“Frente a lo preceptuado en el Estatuto del Consumidor, es dable concluir que el INVIMA actúa como ejecutor de las políticas en materia de vigilancia sanitaria, contando con competencia exclusivamente en el ámbito sanitario; mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la vigilancia y control de las disposiciones establecidas en el estatuto señalado.”

De acuerdo con el presente concepto, cuando se trata de un “cambio de accionistas” puro y simple, este solo se predica de las sociedades de capital, esta Oficina Asesora Jurídica considera que, por tratarse de una modificación interna de la sociedad comercial, en términos de su conformación de accionistas, y dicho acto jurídico no comporta una obligación de reporte ante el Invima.

La Entidad indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social será la única entidad encargada de importar las vacunas contra el COVID-19, que se apliquen en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. La misma entidad determinará el momento en el que personas jurídicas públicas y privadas podrán importar, comercializar y aplicar las vacunas contra el COVID -19, así como las condiciones que deberán cumplir para el efecto.

Se afirma que, efectivamente, el Invima es la autoridad competente en materia de inspección, vigilancia y control de dichos productos en todas sus etapas de la cadena productiva, así pues, y pese a constituir únicamente actividades de comercialización de cosméticos y/o productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, corresponde a este Instituto desarrollar todas las acciones y actuaciones administrativas pertinentes para la verificación

A través del concepto se recuerda que, de acuerdo con lo establecido en la sentencia C-155 de 2020, “… el plazo del diferimiento de los efectos de inconstitucionalidad deberá ser de tres meses, contados a partir de la comunicación de la presente sentencia”.

De acuerdo con el concepto publicado por el INVIMA, solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.