otorga una permisión a los empleadores para optar por el despido de los trabajadores sin que medie una justa causa, siempre que se otorgue una indemnización, lo que contraria el literal d), del artículo 7, del Protocolo de San Salvador, que prohíbe todo despido injusto” La Corte advirtió que la demanda propuesta no satisface las cargas de especificidad, pertinencia y suficiencia, por lo que no resultó procedente adoptar una decisión de fondo.