Un proyecto de energía solar, vital para la transición energética y con inversiones significativas, se vio afectado por retrasos administrativos externos que impidieron su conexión oportuna a la red. Ante la consulta sobre la posibilidad de flexibilidad regulatoria para situaciones excepcionales, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha sido enfática. La entidad aclara que la normativa actual establece un plazo de seis meses con una única prórroga adicional de tres meses para la aprobación de la conexión. La CREG subraya que esta disposición busca evitar el acaparamiento de capacidad y que los desarrolladores deben anticipar eventualidades en su planificación, pues no se contemplan extensiones adicionales por causas excepcionales, liberándose la capacidad asignada si no se cumple el plazo.