El proyecto de norma modifica la Resolución 128 de 2017 para fortalecer la gestión del territorio agropecuario promoviendo la protección constitucional de la agricultura campesina según los artículos 64 y 65 de la Constitución. Busca garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y respaldar la soberanía alimentaria mediante el apoyo a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Incluye la participación de instancias territoriales y la adaptación climática, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas sectoriales para formalización de tierras, fortalecimiento agroalimentario y protección ambiental, asegurando un manejo territorial sostenible y equitativo.