El Ministerio de Ambiente analizó la viabilidad de aplicar incentivos para la protección ambiental en áreas urbanas, basándose en la normativa vigente como la Ley 99 de 1993 y el Decreto 3570 de 2011. Se destaca que los principales mecanismos de incentivos, como los pagos por servicios ambientales y exenciones tributarias, están principalmente dirigidos a áreas estratégicas y ecosistemas específicos, no directamente a zonas urbanas. La competencia de la autoridad ambiental para aplicar estos incentivos en contextos urbanos está limitada por lo que establece la ley, y la responsabilidad de la Corporación Autónoma en estos casos dependerá de su marco normativo y atribuciones específica.