El Alto Tribunal constató que la falta de infraestructura adecuada representa una vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad, obligando a las entidades a adoptar medidas inmediatas para solucionar la crisis de abastecimiento y la calidad del agua. La creación del comité se considera una herramienta para asegurar el seguimiento y la rendición de cuentas respecto a las obras y proyectos que se implementen para mejorar la situación actual, garantizando así un adecuado acceso a agua potable y el cumplimiento de los estándares de salubridad pública en el Municipio. Esto responde a la necesidad de supervisar de manera efectiva las acciones de las autoridades involucradas en el proceso.