El Consejo de Estado modificó la sentencia anterior, absolviendo al Consorcio Solarte Solarte de responsabilidad y, en su lugar, deposiitó la responsabilidad plena en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esta decisión se basa en el argumento de que la ANI es la sucesora contractual del INCO y, por lo tanto, debe asumir la responsabilidad por los daños causados al demandante debido a la ocupación de su terreno durante la ejecución de las obras.