Para la Alta Corte, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la facultad sancionatoria y revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Sala encontró que la investigación sancionatoria adelantada por la SSPD tuvo lugar luego de constatarse que en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2006, la sociedad demandante no garantizó el suministro oportuno del combustible, de manera que por tratarse de una conducta continuada, y siguiendo la jurisprudencia de esta Sección, el extremo temporal inicial frente al término de caducidad debe contarse desde que cesó la conducta irregular, esto es, el 30 de noviembre de 2006.