Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la sección analizó la figura contenida en el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998 (derogado por el Artículo 118 de la Ley 1563 de 2012), vigente para la época del trámite arbitral, que establecía el procedimiento para pagar los gastos y honorarios de un arbitraje. “El arbitraje es una institución esencialmente contractual. Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (1602 CC), deciden que su conflicto sea resuelto por particulares investidos para administrar justicia. El objeto del pacto arbitral es, entonces, sustraer de la justicia institucional el conflicto, por ese motivo la responsabilidad de los árbitros tiene su fuente (art. 1494 CC) en el contrato y así debe estudiarse”- resalta la providencia. “En efecto, según lo dispuesto en el artículo 144, este era un asunto que el tribunal arbitral debía resolver en el laudo y podía ordenar las compensaciones necesarias”.