“La accionante y su grupo familiar, para el año 1997, residían en el municipio de La Dorada, Caldas. Debido a las amenazas de muerte y extorsiones que recibieron por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, tuvieron que desplazarse hacia la ciudad de Barranquilla, Atlántico, y de manera posterior, al municipio de San Jacinto, Bolívar. Como víctimas del conflicto armado fueron incluidos en el Registro Nacional de Población Desplazada desde el 9 de marzo de 2010. No obstante, nunca han recibido ayudas, subsidios o indemnización alguna por parte de la UARIV. La accionante adquirió un crédito de estudio con el ICETEX, pero dicha entidad se negó a condonar la deuda en atención a que no se encontraba incluida en la base de datos del SISBEN, pese a que fue encuestada cuando era menor y a la fecha su puntaje la categoriza dentro grupo B1. Nacional”.

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