el daño, y con éste, su antijuridicidad; en esa medida, es el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, a tal punto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil o inocuo cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos y, por tanto, releva a la autoridad judicial de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la atribución fáctica y jurídica de la respectiva lesión -imputación-.
La Sala observó que el daño alegado por el actor no se explica más allá de una mera eventualidad, pues la sola elaboración de los planos arquitectónicos de los proyectos, no implicaba, per se, que se fueran a ejecutar, en tanto que ni siquiera había adelantado el trámite de solicitud de licencias y permisos de construcción, ni contaba con un documento contentivo de las condiciones técnicas y económico – administrativas de las obras a ejecutar, o un estudio previo de análisis del terreno que justamente definiera la inviabilidad de continuar con los proyectos o que sugiriera construir solo en una parte dada la situación de irrigación de aguas negras, entre otros, así como los permisos y trámites necesarios que pudieran ofrecer certeza de que no haberse presentado el hecho dañoso, o pruebas que acrediten que dichos proyectos razonablemente hubiesen sido autorizados, construidos y generaran un ingreso relacionado, lo que deja también sin soporte el requisito relativo a la “certeza de la existencia de la oportunidad.
