de la víctima fueron de gran magnitud, para el Despacho lo cierto es que no se aportó alguna prueba que permitiera sustentar pruebas en ese sentido, lo que impidió llegar al convencimiento que el hecho daño tuvo lugar por conducto de la corriente de las redes eléctricas, hecho capaz de atribuir responsabilidad a las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica y tampoco encontrar acreditado el nexo causal.
Para el Consejo de Estado no hubo prueba que pudiera sustentar que la muerte por electrocución de un ciudadano hubiera ocurrido por el alto voltaje de la corriente doméstica
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La Sala destacó que, si bien la parte actora insistió en señalar que el voltaje habitual de la corriente doméstica, la cual suele ser de 110 a 220 voltios y que cualquier corriente superior a 500 voltios está considerada como alto voltaje, para indicar que las afectaciones en el cuerpo
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