operacional, administrativo y patrimonial. Este objetivo se cumple a través de un “acuerdo”, el cuál debe transitar para su aprobación, por un procedimiento judicial reglado al cual deben acudir todos los actores que integran la actividad económica del ente empresarial, entre otros, la propia empresa, sus acreedores, sus accionistas, las entidades públicas de fiscalización y el promotor”.