estimación de costos y gastos; y anota que desde ese momento comenzó a transcurrir el término de prescripción para efecto de la solicitud de devolución radicada el 19 de mayo de 2014. El demandado se opuso a ese extremo inicial de conteo, porque las sentencias referidas resolvieron situaciones jurídicas particulares y concretas, sin efectos erga omnes, de modo que el término de prescripción comenzó a transcurrir el 29 de febrero de 2008, cuando se realizó el pago reclamado en devolución, y vencía el 1 de marzo de 2013.
“El origen judicial que la demandante atribuye al valor solicitado en devolución, no es, sin embargo, causa per se para cualificar el pago del mismo como no debido, en tanto que las sentencias del 5 de diciembre de 2011, 30 de agosto de 2012 y 14 de julio de 2014, que descartaron la liquidación del impuesto sobre los costos finales de obra, solo anularon actos administrativos particulares y concretos, demandados en ejercicio de las entonces acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que aprovechan únicamente a quienes intervinieron en dichos procesos y obtuvieron declaraciones a su favor en virtud de la regulación prevista en los artículos 175 del CCA y 189 del CPACA, sin lugar a asignarle efectos erga omnes directos para favorecer a demandantes de otros procesos particulares, porque, en términos de las mismas disposiciones , aquellos son exclusivos de la anulación de normas o actos de contenido general, en el contexto del medio de control de simple nulidad”.
