viven en zonas rurales, en particular la accionante quien es una mujer campesina adulto mayor y que goza de especial protección constitucional. El juez de segunda instancia decide revocar el ordinal cuarto de la providencia de primera instancia, para en su lugar amparar los derechos fundamentales de la tutelante y, en consecuencia, ordenar a las entidades accionadas adelantar las gestiones pertinentes para garantizar el acceso a las citas médicas, en atención a su situación especial y desde un enfoque de género”.
CE consideró vulnerados los derechos de personas que viven en zonas rurales alejadas del casco urbano, cuando se omite sufragar el auxilio de transporte para acudir a las citas médicas, ante el cierre de un centro de salud
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“Se presentó acción de tutela contra la Presidencia de la República, entre otras autoridades, por la presunta vulneración de los derechos a la salud y de petición, en tanto que, dentro del municipio de Anolaima no existe un centro de salud al que puedan acudir las personas que
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