para la preservación y el manejo de los recursos naturales. Posteriormente, mediante la expedición de la Constitución Política de 1991, se contemplaron diversas obligaciones y derechos relacionados con la protección y conservación de la diversidad biológica, la función ecológica de la propiedad, el derecho a gozar de un ambiente sano, la protección de la diversidad e integridad del ambiente y la planificación del manejo y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. En el mismo sentido se expidió la Ley 99 de 1993, la cual determinó los principios ambientales que debe acotar el Estado colombiano en aras de preservar y garantizar los recursos naturales, entre los cuales se destaca que la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible”.