A través del concepto se indica que el régimen laboral de los servidores de una empresa de servicio público oficial es el indicado en el inciso 2 del artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, esto es el de trabajadores oficiales, aunque las actividades de dirección o de confianza, deben ser desempeñadas por personas que tengan calidad de empleados públicos, dentro de ellos los gerentes, designados a través de una vinculación legal y reglamentaria.
Respecto a la población migrante en condición irregular la Corte Constitucional en su sentencia T-298 de 2019, la atención médica que se brinda a las mujeres gestantes, los servicios médicos prenatales, de parto y posnatales; atenciones que serán financiadas con cargo a los recursos asignados a cada departamento, en aplicación del Decreto 2408 de 2018 o con cargo a los recursos de libre destinación que el ente territorial determine para ese propósito.
“Si para la conformación de los comités de Ética Hospitalaria se requiere que las instituciones donde funcione deban prestar servicios de “internación o sea que tengan hospitalización de pacientes”, nada indica la normatividad vigente sobre esa situación.”
A través de la doctrina publicada por el MinSalud, la Entidad indicó: “Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoria de segundo orden. Las entidades que se comporten como compradores de servicios de salud deberán desarrollar obligatoriamente la auditoría en el nivel de auditoría externa”
A través de la doctrina publicada por la ADR se estableció que, la declaratoria de utilidad pública e interés social (DUPIS) es un acto administrativo que anuncia la ejecución de un proyecto y delimita el área de influencia del proyecto, el cual surte efectos una vez el mismo haya quedado ejecutoriado.
El concepto indica que el representante legal constituye uno de los órganos de administración de las personas jurídicas, el cual tendrá como principal función la representación del ente jurídico. Así, la representación legal puede ser ejercida por una persona natural o jurídica, quien es nombrado por la asamblea general, la junta de socios o la junta directiva, en los términos y condiciones que establezcan los respectivos estatutos sociales.
La ADR debía a la Contraloría General de la República – CGR no solo la suma de M/Cte. $272.974.626, que corresponde al segundo pago de la tarifa de auditaje, sino también la suma de M/Cte. COP$2.602.610.25, por los intereses moratorios causados por el impago de la suma anterior en el plazo establecido. Sin embargo, solo pagó M/Cte. $272.974.626.
“Si una entidad no genera espacios y encuentros presenciales, complementados con espacios virtuales, o electrónicos, o lleve a cabo foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, difusión masiva en emisoras locales o nacionales o espacios televisivos que garanticen un adecuado acceso a la información y a los informes de gestión de la ciudadanía en general,
El Acuerdo sancionado por la Alcaldía de Bogotá, busca impulsar la movilidad sostenible y la implementación de tecnologías cero emisiones, tanto de gases de efecto invernadero, como de material particulado en el Sistema Integrado de Transporte Público y en el transporte oficial, como acciones para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y los contenidos en el Acuerdo Distrital 790 de 2020 para enfrentar la Emergencia Climática en Bogotá D.C.
El proyecto busca la creación de un ecosistema móvil al que llamamos BIOCICLETA, que conlleve una transformación cultural ciudadana alrededor de otra forma de movilidad; el objeto se orienta hacia el incentivo y estímulo del uso de medios de transporte alternativos de cero emisiones como la bicicleta y la patineta. Puede conocer los detalles consultando el documento publicado por la entidad.