Para el Consejo de Estado, el a quo consideró que “la deducción especial debatida era improcedente, puesto que el activo objeto del beneficio estaba en construcción, y porque la opción de compra pactada a favor de la demandante correspondía a una «facultad del locatario más no una opción irrevocable”.
Para la Sala, estos deberes formales, impuestos por la ley, “tienen por objeto posibilitar la labor de fiscalización administrativa, por cuanto permiten determinar si el contribuyente autoliquidó el impuesto de renta observando el principio de plena competencia y, en general, las exigencias del régimen de precios de transferencia”.
El demandante consideró tener derecho a la bonificación establecida en un numeral de los pliegos de condiciones del proceso de contratación pactado, pues de no haber sido por dicha falla, el mismo habría ejecutado las obras correspondientes a la terminación del montaje de las compuertas del vertedero y captación de iniciación del llenado del embalse.
Para la Sala, el proceso de responsabilidad patrimonial del Estado que dio lugar al pago de la indemnización, fue el de controversias contractuales iniciado por el contratista en contra del municipio de El Espinal con ocasión de un contrato de obra pública y dentro del cual se dictó la sentencia condenatoria al municipio, que prestó mérito ejecutivo.
“El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda por medio de la cual el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) pretendía que uno de sus exgerentes asumiera los gastos de la condena que se le impuso a ese organismo por haber desvinculado a 49 servidores, en momentos en los que la ley, aparentemente, solo le permitía hacerlo
A través de decreto, el Gobierno nombro al doctor Julián Eduardo Polanía Polanía, como Director General de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte -UPIT-
A través de decreto, el Gobierno designó al doctor Johny de Jesús Ordosgoitía Osorio, como representante principal del presidente de la República en la Junta Directiva de Transcaribe S.A., en reemplazo del doctor Daniel Toro González, a quien se le aceptó la renuncia.
A través de decreto, el Gobierno designó en calidad de miembro del sector privado, en el Consejo Directivo del Fondo Adaptación, a la doctora Sandra Consuelo Forero Ramírez, en reemplazo del doctor JAVIER Diaz Molina, a quien se le aceptó la renuncia.
A través de decreto, el Gobierno designó al doctor Jesús Antonio Bejarano Rojas, como miembro del Consejo Asesor de la Superintendencia Financiera de Colombia, en reemplazo del doctor Juan Pablo Zárate Perdomo.
“Los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe de los vehículos de servicio particular y público de transporte de carga que presenten omisiones en el trámite de registro inicial, contarán con un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificación, para iniciar el respectivo proceso de normalización”, de acuerdo con lo