El proyecto de ley busca modificar la Ley 1333 de 2009 y ajustar el procedimiento sancionatorio ambiental y de esta forma contribuir al fortalecimiento de la protección y cuidado del medio ambiente, consiste en extender la facultad sancionatoria para investigar las infracciones que se cometen por personas que no son titulares de un instrumento de manejo y control ambiental.

“El Gobierno de Colombia ha identificado la diversificación de la actividad minera como uno de los pilares claves del sector para la recuperación económica del país con estrategias que buscan lograr una actividad minera segura y sostenible, generando oportunidades y riqueza para la nación”, señaló el presidente de la ANM, a través de un comunicado de prensa.

Para la Alta Corte, “con la expedición de la Ley 685 de 2001, actual Código de Minas, las diversas modalidades de titulación para la minería se unificaron en una sola, de manera que el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse “mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito

“Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública, no es determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se define en función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico

“En los artículos 293 y 295 del Código de Minas, el legislador asignó competencia para resolver controversias mineras a los tribunales administrativos y al Consejo de Estado. En el mismo sentido de las normas citadas, el numeral 6 del artículo 128 del CCA dispuso que el Consejo de Estado debía conocer, privativamente y en única instancia, de los procesos que “se promuevan