Lo anterior, teniendo en cuenta los procesos de asignación y renovación de permisos de uso del espectro en bandas identificadas para servicios móviles internacionales (lMT por su siglas en inglés), que adelanta actualmente Ministerio, se ha identificado la necesidad de precisar aspectos relacionados con la constitución de las garantías, de forma tal que se optimicen los costos por la utilización del espectro radioeléctrico en procura de la maximización del bienestar social y se mitiguen las barreras de acceso que se pueden generar por la necesidad de garantizar las contraprestaciones permiso uso del espectro de que trata artículo 13 de la Ley 1341 2009.

Para el Ministerio de Hacienda, los recursos requeridos en el proyecto de ley 010 de 2023 Senado ((iniciativa Legislativa) y el Pl-023-2023 Cámara (iniciativa Gubernamental), para la creación y funcionamiento de la Agencia de Seguridad Digital, no se encuentran contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023, ni en el Marco de Gasto de Mediano Plazo Sectorial, ni en el Presupuesto General de la Nación, vigencia fiscal 2024. Señala el concepto jurídico que, dadas las implicaciones fiscales de la iniciativa analizada, se hace necesario que los autores y ponentes den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 20031, que establece que, todo proyecto de ley que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá́ hacerse explícito y deberá́ ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para lo cual deberá́ incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de tramite respectivas los costos fiscales.

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La SIC precisa que “Ley 2294 de 2023 (PND 2022-2026) concedió a la CRC el término de seis (6) meses desde su publicación para definir el indicador que sería el techo máximo para el incremento de la remuneración que deben reconocer los PRST por la utilización de los elementos pertenecientes a la infraestructura de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica o de telecomunicaciones en el despliegue de redes o en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Así mismo, dicho parágrafo dispuso que este indicador deberá tomar en consideración el criterio de costos eficientes, la representatividad de la canasta de insumos involucrados en la compartición de infraestructura y la capacidad de pago de los usuarios, así como la promoción del despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones y la marginalidad del uso de la infraestructura”.

El presente proyecto de ley, cuya autora y ponente es la senadora Sandra Jaimes (Pacto Histórico), va encaminado, según la congresista, a democratizar la información y a abrir una serie de posibilidades para que canales que decidan entrar al mercado de la televisión abierta y radiodifundida, tengan condiciones ecuánimes respecto de su participación a nivel nacional.

Para otorgar la licencia para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora comunitario con enfoque diferencial de las que trata el presente Capítulo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones garantizará la selección objetiva para lo cual podrá realizar convocatorias públicas. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propenderá para que aquellas instancias de participación, grupos o comunidades con reconocimiento gubernamental y personería jurídica ubicadas en áreas urbanas y rurales de municipios carentes del servicio püblico de radiodifusión sonora comunitario accedan a este, con el fin de propiciar su desarrollo social, la expresión de su cultura y su integración a la vida nacional. Para el desarrollo del proceso de selección objetiva de que trata el presente capítulo, se tendrán en cuenta los canales definidos para las áreas de servicio zonal y local restringido y estaciones de Clase D, de conformidad con lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora expedido por la Agencia Nacional del Espectro del que se encuentre vigente al momento de dar apertura al respectivo proceso de selección.