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Jueves, 16 Mayo 2024

Edición 1164 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

A través del acto administrativo se decide avocar conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA,

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), representada por el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, Diego Morales, participó junto con expertos del sector transporte de infraestructura de Francia, Japón, Reino Unido, México y Ecuador, en dos eventos virtuales internacionales, en los cuales la Entidad socializó las medidas adoptadas por Colombia para gestionar los proyectos durante la crisis por COVID-19.

Se establece que las autoridades de transporte competentes podrán implementar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan la captura, lectura y almacenamiento de la información contenida en el formato de Informe Único de Infracciones al Transporte, e igualmente podrán implementar medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones, identificación del vehículo, la fecha, el lugar y la hora y demás datos establecidos en el formato de Informe Único de Infracciones al Transporte

El Consejo de Estado estableció que lo que aquí se juzga guarda directa relación con el hecho consistente en la presunta extralimitación del Primer Mandatario, al ejercer la potestad prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política, en tanto que por medio de un decreto estableció una limitante relacionada con el número de vehículos, motocicletas y/o embarcaciones a internar dictar derechos de los nacionales residentes en Unidades Especiales de Desarrollo dispuesto por la ley.

El Consejo de Estado estableció que el incumplimiento del contrato para la construcción de las torres de control de los aeropuertos Antonio Roldán Betancur de Carepa (Antioquia),  El Alcaraván de Yopal (Casanare) y Alfonso López Pumarejo de Valledupar (Cesar) exige que la Aeronáutica Civil debe pagarle 22 millones de pesos al consorcio Torres y no los 380 millones en los que ese organismo lo había calculado.