"La modalidad de selección que se aplica para los convenios y los contratos interadministrativos es la contratación directa, pero existen restricciones para acudir a estas figuras, como la referida a la celebración de contratos de obra, respeto de los cuales se prohíbe acudir a la causal prevista en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

A través del presente concepto se aclaró que son diferentes las funciones que desempeña el contralor designado por la Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de una intervención forzosa administrativa sobre una entidad pública y la función que ejerce el órgano de control fiscal.

“Sobre el periodo de representación de los gobernadores que integran el OCAD de CTeI, el Artículo 1.2.3.4.18 del Decreto Único Reglamentario del SGR indica que será de un año y que podrán ser reelegidos. Para el caso de los representantes de las universidades e Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias será de dos años sin posibilidad de reelección inmediata.

Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que profiera un fallo inhibitorio frente a la demanda contra la Ley 2098 de 2021, “en tanto que sobre la misma operó el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviniente. Lo anterior debido a la reviviscencia de la prohibición expresa de prisión perpetua consagrada en el texto original del artículo 34 de la Carta

Prensa Jurídica publica el texto de la demanda D- 41350. Los cargos se dirigen contra el artículo 85 de la ley 1955 de 2019 (PND-2018-2022), entre otras normas- en el que “la vivienda de interés social se determina como un precio obligatorio para todos los actores del mercado, pero ha sido fijado de forma discrecional y arbitraria sin consultar ningún criterio técnico”.

 Se demanda, en su totalidad la Ley 2181 de 2021, por medio del cual se establecen normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales y se dictan otras disposiciones. Para el demandante, esta norma muchas de estas empresas, están viendo afectado y restringido su derecho a ejercer plena y libremente su objeto social, por la competencia

El comunicado que sintetiza la decisión de la Corporación, puntualizó que “la Corte Constitucional advirtió que es preocupante observar que se utilicen mecanismos de flexibilización laboral, como son los contratos de tercerización de servicios, para intentar evadir obligaciones legales en relación con la protección de las trabajadoras en estado de embarazo que representan prácticas

“El artículo 3 del Decreto 1372 de 1992, actualmente compilado en el artículo 1.3.1.7.9 del Decreto 1625 de 2016, establece una base gravable especial para «los contratos de construcción de bien inmueble» al preceptuar que, cuando se cause el hecho generador del gravamen por la ejecución de ese negocio jurídico, «el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los