complejas de evidente discriminación institucional y estructural contra la mujer gestante”.
El comunicado que sintetiza la decisión de la Corporación, puntualizó que “la Corte Constitucional advirtió que es preocupante observar que se utilicen mecanismos de flexibilización laboral, como son los contratos de tercerización de servicios, para intentar evadir obligaciones legales en relación con la protección de las trabajadoras en estado de embarazo que representan prácticas
complejas de evidente discriminación institucional y estructural contra la mujer gestante”.