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Prensa Jurídica

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, los prestadores de servicios públicos no pueden exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un reclamo o recurso relativo a esta, ni tampoco pueden suspender o cortar el servicio y/o terminar el contrato, hasta tanto hayan notificado la decisión de las reclamaciones y los recursos que contra un acto de facturación se hayan presentado de forma oportuna.

Un prestador del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, deberá aplicar los subsidios que hayan sido aprobados por el respectivo Concejo Municipal, en la forma en que este lo haya determinado, descontando del valor pleno que se debería pagar sin subsidio, el valor que corresponda al subsidio a aplicar.

La medición y facturación individual de los consumos, constituyen un derecho de los usuarios de servicios públicos.

La SSPD deja en claro que, si por efectos de la emergencia sanitaria un inmueble cambió su vocación comercial y/o industrial residencial, podría el usuario acudir ante el prestador para que este realice una visita de verificación del uso que inmueble, a efectos de determinar si procede o no su reclasificación.

“El desmonte de la factura de uso comercial a inmueble desocupado residencial dado el caso en que residan donde ejercen la actividad comercial, no constituye una medida vinculante adoptada por el Gobierno Nacional en vigencia de la emergencia sanitaria declarada con ocasión de la pandemia COVID-19.” Así se establece en un concepto emitido por la SSPD.

A través del acto administrativo se asignan trece (13) subsidios distritales complementarios al subsidio familiar de vivienda asignada por el Gobierno Nacional en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social — Mi Casa Ya. Puede conocer el listado y detalles de esta decisión consultando el documento publicado por la entidad.

La contabilidad separada es una forma de contabilidad de costos en los que las divisiones de cuentas y los criterios de imputación son fijados en función de los objetivos regulatorios.

La ADR, liderada por su director en el departamento del Cauca, Samuel Guzmán, terminó la entrega de activos productivos (fumigadoras, insumos y abonos) del proyecto que mejora la calidad de café en Caldono, con una inversión de más de 500 millones de pesos, beneficiando a 51 familias de pequeños y medianos productores cafeteros.