El Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 0803 de 2012, mediante la cual la ANLA otorgó licencia ambiental a Ecopetrol para desarrollar el proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos APE Magallanes, en Toledo (Norte de Santander), al concluir que la autoridad ambiental omitió realizar la consulta previa con el pueblo indígena U’wa, pese a que el proyecto generaba una afectación directa sobre su territorio de influencia, sus fuentes hídricas y sus estructuras culturales y espirituales. La Sala determinó que el estudio de impacto ambiental desconoció un criterio esencial: la ubicación y relación del Resguardo U’wa con el río Cubugón y la quebrada La China, espacios vinculados a la cosmovisión y prácticas ancestrales de la comunidad. Según el fallo, la ANLA limitó indebidamente el análisis a la delimitación formal del área de influencia y no valoró los impactos culturales, espirituales y ocupacionales del proyecto, lo que vulneró el derecho fundamental a la consulta previa consagrado en el Convenio 169 de la OIT. En consecuencia, el alto tribunal concluyó que la licencia fue expedida con desconocimiento de los derechos de la comunidad indígena y dejó sin efectos el acto administrativo.
El Ministerio de Minas y Energía delimitó el Distrito Minero Especial "Sugamuxi - Tundama" en diez municipios de Boyacá. El objetivo es diversificar la economía regional, reduciendo la dependencia del carbón y promoviendo la reindustrialización con minerales estratégicos y energías renovables. Busca generar empleo, atraer inversión y fomentar una minería sostenible, articulada con los sectores agropecuario y agroindustrial para mejorar la gestión socioambiental. Se conformará una Mesa de Trabajo Interinstitucional y mesas ciudadanas para diseñar un Plan Estratégico de Gestión. No se identificaron comunidades étnicas directamente afectadas por la delimitación, aunque se garantizará la consulta previa para el Plan.
El Ministerio de Minas busca prorrogar por dos años la vigencia del reglamento técnico para estaciones de GLP vehicular (Resolución 40368 de 2020). Esta decisión se tomó tras un exhaustivo Análisis de Impacto Normativo ex post y un concepto técnico de la Dirección de Hidrocarburos.
El Ministerio de Minas y Energía emitió una circular dirigida a actores del sector eléctrico para promover el ahorro y uso responsable de energía ante el fenómeno climático de El Niño. Este evento genera disminución de precipitaciones, aumento de temperaturas y reducción de recursos hídricos, afectando la demanda energética y la operación segura del sistema eléctrico nacional. En cumplimiento de las normas vigentes, la entidad insta a implementar campañas pedagógicas, difusión de recomendaciones para reducir consumos innecesarios, promoción de tecnologías eficientes y estrategias de sensibilización. El objetivo es fortalecer la cultura ciudadana del ahorro energético, garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio, y mitigar riesgos climáticos que amenacen la prestación eficiente del servicio público de energía eléctrica en Colombia.
El Ministerio estableció nuevos criterios de calidad para el uso de aguas superficiales, subterráneas y marinas en Colombia.
El proyecto busca adoptar una nueva Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (MGEPEA), instrumento de obligatorio cumplimiento para los proyectos, obras y actividades que requieren licencia ambiental en Colombia. La propuesta reemplazaría la metodología vigente desde 2018 e incorpora lineamientos para evaluar los impactos asociados al cambio climático, incluyendo la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y medidas de adaptación y mitigación. Asimismo, actualiza criterios para la delimitación de áreas de influencia, la caracterización ambiental, la evaluación de impactos, la selección de alternativas de diseño, ubicación y tecnología, y fortalece el acceso a la información y la participación ciudadana en los procesos de licenciamiento ambiental, en línea con el Acuerdo de Escazú y las metas nacionales de sostenibilidad.
El Ministerio de Ambiente sometió a consulta pública un proyecto de resolución mediante el cual adopta nuevos términos de referencia para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) requeridos en los proyectos de construcción y operación de rellenos sanitarios. La propuesta actualiza los lineamientos vigentes desde 2006 para ajustarlos a la normativa ambiental actual, incorporar criterios relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático, y atender los lineamientos fijados por la Corte Constitucional sobre la evaluación de los impactos climáticos de los proyectos sujetos a licenciamiento ambiental. El proyecto también define reglas de transición para los trámites en curso y establece la obligación de considerar las perspectivas culturales de las comunidades étnicas presentes en las áreas de influencia de estas iniciativas.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de resolución para modificar la Resolución 667 de 2016 y actualizar los indicadores mínimos de gestión, los indicadores complementarios y los informes de seguimiento que deben presentar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible sobre la ejecución de sus Planes de Acción Cuatrienal. La propuesta incorpora nuevos indicadores asociados a planificación ambiental, gestión del recurso hídrico, cambio climático, áreas protegidas, restauración de ecosistemas, economía circular y control ambiental, además de establecer criterios metodológicos para los indicadores complementarios. Asimismo, ajusta la periodicidad, contenido y reporte de los informes semestrales y anuales a través del Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental (SIPGA), con el propósito de fortalecer el seguimiento a la gestión de las CAR, mejorar la calidad de la información y evaluar su contribución al cumplimiento de las políticas ambientales nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.