El demandante solicitó que se declarara la nulidad del pliego de condiciones de la licitación pública, cuyo objeto era contratar la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial y de carga, para el transporte de personal, equipos y herramienta en camionetas doble cabina con platón 4x4 como apoyo a las actividades administrativas y misionales, como a las demás actividades propias de la entidad del orden local, departamental o nacional, en ejercicio de autoridad ambiental de la Corpoguavio.

El Consejo de Estado analizó la configuración y naturaleza del acto de adjudicación de un contrato estatal y la posibilidad de que la administración lo revoque directamente. Como consecuencia y, a título de restablecimiento del derecho, la Sala condenó al municipio de Cúcuta, a pagar en favor de la sociedad Retromaquinas S.A., por lucro cesante, la suma de $538.937.856,80.

  La Entidad explicó que la Ley 2160 de 2021, que modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, estableció nuevas regulaciones con respecto a la capacidad contractual y naturaleza jurídica de varios tipos de organización, entre ellas los cabildos indígenas y asociaciones de autoridades tradicionales indígenas. Teniendo en cuenta esta filosofía y objetivos buscados en el proyecto de ley, esta modificó, entre otras cosas, el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 mediante su artículo 3°.

La Entidad indicó que en los estatutos podrá establecerse la obligación a cargo de las sociedades accionistas en el sentido de informarle al representante legal de la respectiva sociedad por acciones simplificada acerca de cualquier operación que implique un cambio de control respecto de aquellas, según lo previsto en el artículo 260 del Código de Comercio. En estos casos de cambio de control, la asamblea estará facultada para excluir a las sociedades accionistas cuya situación de control fue modificada, mediante decisión adoptada por la asamblea. El incumplimiento del deber de información por parte de cualquiera de las sociedades accionistas, además de la posibilidad de exclusión según el artículo 39 de esta ley, podrá dar lugar a una deducción.

De acuerdo con lo indicado por la SSPD, en los artículos 79 de la Ley 142 de 1994 y 6 del Decreto 1369 de 2020 no se encuentra la de señalar el término durante el cual los prestadores de servicios públicos deben conservar las facturas, o su distinción en consideración a la clasificación o estrato del usuario al que se le expide la misma. Por disposición del artículo 24 de la ley 142 de 1994 todos los prestadores de servicios públicos están sujetas al régimen tributario nacional, sin embargo, no señala el tratamiento para la conservación de las facturas y su implicación tributaria frente a la autoridad recaudadora de los impuestos DIAN.

A través del presente concepto la SSPD reiteró que conforme lo disponen las normas legales, reglamentarias y regulatorias que gobiernan los servicios públicos domiciliarios, es obligación de los prestadores de acueducto, energía y gas combustible, facturar de manera conjunta los servicios de alcantarillado y aseo; debe mediar un convenio de facturación conjunta entre los prestadores atendiendo el procedimiento establecido en la Resolución CRA 943 de 2021. En el evento en que existan razones técnicas insalvables y comprobables que justifiquen la imposibilidad de realizar la facturación conjunta, acreditadas ante la Superservicios, los prestadores de los servicios de acueducto, energía o gas combustible podrán negarse a efectuarla.

La SSPD indicó que en virtud de la autonomía empresarial y la iniciativa privada, este tipo de prestadores para su constitución pueden establecer en sus estatutos todo lo concerniente a su administración y autorregulación, siempre que se respeten los postulados legales y constitucionales del bien común y lo dispuesto de manera especial por el legislador en el régimen de servicios públicos. Así las cosas, es viable que, en desarrollo de dicha autonomía, el prestador del servicio “organización autorizada” establezca en sus estatutos la imposición de sanciones, causales, procedimiento para imponerlas, entre otros aspectos que considere relevantes.

A través de comunicado oficial se anunció que “el Plan Nacional de Desarrollo definió la ruta para un transporte basado en la justicia social, económica y ambiental, en el que se optimice el uso del tiempo, la energía y el espacio. Por esta razón, MinTransporte lidera el pacto por una movilidad sostenible, segura y saludable, con equidad y gobernanza. Según el ministro, William Fernando Camargo Triana, “conectamos a toda Colombia desde un enfoque intermodal, con 8 programas estratégicos que incluyen 55 proyectos de impacto regional y más de 298 de carácter departamental. En este sentido, la inversión para la competitividad y conectividad estima recursos por $140 billones, en los componentes férreo, fluvial, aéreo, portuario y carretero”