Prensa Jurídica
La Entidad indica que el régimen de los servicios públicos domiciliarios, conformado por la Ley 142 de 1994, la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, la regulación emitida por las comisiones de regulación y los demás actos administrativos expedidos por las distintas autoridades administrativas del ramo y transversales, en consideración al sector, no dispone un deber a cargo de los prestadores de estos servicios, de informar a sus usuarios, las reformas estatutarias que aquellas lleven a cabo. En consecuencia, ante la ausencia de norma en el régimen de servicios públicos que consagre la obligación antes referida, cuando una empresa de servicios públicos reforma sus estatutos, esta situación no debe ser informada a sus usuarios. Sin perjuicio de lo anterior, resulta oportuno señalar que la información de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que esté directamente relacionada con la prestación del servicio a su cargo es pública, en los términos del artículo 2 y el literal c del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014.
“Para el sector de energía y gas deberá aplicarse la metodología para la conciliación de cuentas de subsidios y contribuciones prevista en el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, mientras que, para el sector de agua potable y saneamiento básico será la metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, contemplada en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. Ahora, para estos recursos los subsidios provienen de dos fuentes: I) Del cobro de la contribución de solidaridad a los usuarios de estratos 5 y 6 e industriales y comerciales. Para el sector de acueducto, alcantarillado y aseo esta contribución es un tributo del orden territorial; mientras que, para el sector de energía eléctrica y gas combustible, es de carácter nacional y, II) De las apropiaciones presupuestales que hagan cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política (Nación, departamentos, distritos, municipios o entidades descentralizadas), con la finalidad de efectuar inversión social para compensar la capacidad de pago de los usuarios. La procedencia o no de las consecuencias de tipo legal para los prestadores de orden municipal, cuando aplican subsidios sin existir acto administrativo que determine los porcentajes de los mismos, escapan a la competencia de esta Superintendencia, en la medida que funge como autoridad administrativa de supervisión de las personas habilitadas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios”.
Según lo previsto en la Sentencia T-641 de 2015, conforme con la cual “(el hecho de que exista una razón legitima para que la entidad demandada niegue la prestación del servicio de acueducto a la peticionaria, no quiere decir que a ésta última no se le esté vulnerado el derecho fundamental al agua, pues se encuentra acreditado en el expediente que, en la actualidad la actora y su familia no disponen de ésta con regularidad, lo cual, es corroborado además, por la entidad demandada en su escrito de contestación.”. Con base en dicho análisis, la Corte consideró lo siguiente: “(…) la Sala identifica que las reglas aplicadas en materia de prestación del servicio público de acueducto (agua potable), cuando se está ante un inmueble ilegal son: (I) las empresas de servicios públicos, no están obligadas a conectar el servicio de acueducto y alcantarillado, si los usuarios no cumplen con los requisitos previstos para acceder al mismo; (II) las empresas de servicios públicos tienen el deber de abastecer a los usuarios, por lo menos, un mínimo de agua potable, que les permita satisfacer sus necesidades básicas; y (III) todas las personas tienen derecho a gozar del suministro mínimo de agua potable.
La Entidad explicó que para la recolección de la autorización para el tratamiento de datos personales a través de cámaras en los edificios y conjuntos se pueden utilizar señales o avisos distintivos en las zonas de videovigilancia, principalmente en porterías, ascensores, garajes y todos los demás sitios en donde se utilizarán cámaras o mecanismos de vigilancia. Incluso, se pueden emplear anuncios de audio, en los casos en que sea posible, lo cual debe ser informado a los titulares.
Marco normativo de MinAmbiente sobre el impuesto de plásticos de un solo uso y su plan de mitigación
La entidad explica que mediante la ley 2277 de 2022 se creó el impuesto nacional sobre plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes y la ley 2232 de 2022 estableció medidas para la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso, como la responsabilidad extendida al productor.
La causal de aprehensión y decomiso de mercancía prevista en el numeral 40 del artículo 69 del Decreto Ley 920 de 2023 es aplicable a la mercancía de que trata el artículo 3 del Decreto 2218 de 2017 (o aquel que lo sustituya, modifique o adicione), cuando: (I) su precio FOB declarado no supera los umbrales allí establecidos, (II) se importa desde zona franca al resto del territorio aduanero nacional, y (III) el importador no corresponde al consignatario que aparece en el documento de transporte o documento de transporte multimodal con el que ingresó a zona franca.
La CREG explicó que “la estimación y definición de la LBC es un pronóstico de consumo para los días tipo: laboral, sábado, domingo y festivo no domingo, que parte de un promedio simple de una muestra de sesenta datos históricos de consumo diario y que, para la determinación de la LBC de cada día tipo como se establece en el numeral 1 del Anexo 1, se tendrá en cuenta los pasos previstos de los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 del mismo anexo”.
La Entidad precisó que los requisitos, las causales permitidas y las condiciones para solicitar la modificación de la FPO de un proyecto clase 1 son los establecidos en el artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021. “No hay una enumeración explícita de los medios que puede utilizar quien solicita la modificación de la FPO para demostrar el advenimiento de una de las causales que permiten hacer la modificación. Le corresponde al interesado entregar los documentos y las pruebas que demuestren esta situación”.