Proyecto de Norma (96)
Este proyecto establece la reglamentación de los ecosistemas acuáticos agroalimentarios en Colombia, reconociendo su importancia para la protección de los derechos de las comunidades campesinas, pescadores artesanales y pueblos indígenas. Busca fortalecer la conservación, recuperación y uso sostenible de estos ecosistemas, promoviendo un enfoque territorial y cultural. Destaca la necesidad de proteger territorios tradicionales, como las sabanas y playones comunales, y regular la gestión del agua, fomentando prácticas sostenibles y la reconversión agrícola y pesquera. La normativa refuerza la función ecológica del agua, su carácter de bien público, y promueve políticas para garantizar derechos alimentarios, conservar la biodiversidad y asegurar la apropiación social de estos recursos, alineándose con objetivos de protección ambiental y desarrollo rural sostenible.
El proyecto de norma modifica la Resolución 128 de 2017 para fortalecer la gestión del territorio agropecuario promoviendo la protección constitucional de la agricultura campesina según los artículos 64 y 65 de la Constitución. Busca garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y respaldar la soberanía alimentaria mediante el apoyo a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Incluye la participación de instancias territoriales y la adaptación climática, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas sectoriales para formalización de tierras, fortalecimiento agroalimentario y protección ambiental, asegurando un manejo territorial sostenible y equitativo.
El proyecto de norma dispensa la derogatoria de la Resolución 039 de 2024, estableciendo instrucciones sectoriales para garantizar derechos en procesos de restitución de tierras y derechos territoriales. Se enmarca en la política pública de Víctimas y Restitución de Tierras, promoviendo acciones para reparar a las víctimas y facilitar proyectos productivos a quienes retornan efectivamente a sus tierras. La norma también regula mecanismos de protección y desarrollo para comunidades étnicas, campesinas y otros intervinientes, articulando esfuerzos de diferentes entidades como la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución. Además, busca fortalecer la coordinación institucional para garantizar derechos territoriales y promover la paz territorial.
El proyecto de norma busca declarar en Caramanta, Antioquia, un área de 2.941,44 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), con el fin de proteger y garantizar la disponibilidad de suelos adecuados para la agricultura y la alimentación. La declaración se realiza en marco del ordenamiento territorial, respetando derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. La iniciativa apunta a promover la seguridad alimentaria, proteger el derecho a la alimentación, fortalecer las comunidades rurales y campesinas, y asegurar un desarrollo sostenible. Además, contempla evaluaciones periódicas cada cinco años, con la participación de entidades como UPRA, para ajustar el polígono y criterios técnicos según sea necesario, alineándose con objetivos nacionales y leyes ambientales y sociales vigentes.
El proyecto regula la declaratoria del Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, con el objetivo de proteger y promover la producción agroalimentaria local como garantía del derecho humano a la alimentación adecuada. Busca preservar la capacidad productiva de los suelos agrícolas, respetar derechos adquiridos, fomentar el desarrollo rural sostenible y garantizar la seguridad alimentaria mediante la zonificación y restricciones adecuadas del uso del suelo. Además, establece procesos de evaluación periódica del impacto de la APPA y la creación de un Plan de Acción para promover la producción alimentaria en los municipios involucrados. En cuanto al medio ambiente, reconoce la importancia ecológica del área, destacando la Sabana de Bogotá como zona de interés ecológico nacional con destinación agropecuaria y forestal prioritaria, reforzando la protección ambiental como parte integral de la gestión territorial.
En cuanto al medio ambiente, el proyecto de Decreto incorpora la función social y ecológica de la propiedad; ante incumplimientos atribuidos a la comunidad, se suspenden los procedimientos hasta concertar medidas correctivas, lo que protege el equilibrio ecológico y evita daños ambientales derivados de la gestión territorial indígena. El Ministerio de Agricultura busca reglamentar la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental al territorio colectivo, promoviendo la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en todo el país. Esta reglamentación responde a mandatos constitucionales que reconocen la autonomía territorial y la diversidad étnica en Colombia, atendiendo también las recomendaciones de la Consulta Previa y compromisos internacionales. Busca facilitar procedimientos claros, asegurar la seguridad jurídica y respetar los derechos de terceros, potenciando la protección y desarrollo de comunidades indígenas.
El proyecto de norma busca modernizar y agilizar la dotación y titulación de tierras a comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de sus resguardos en Colombia. Se concede a estas comunidades la propiedad formal, definitiva y con seguridad jurídica inscrita, respetando sus usos, costumbres y culturas. El Ministerio de Ambiente desempeña un papel clave al verificar el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad, emitiendo informes y apoyando la corrección de posibles incumplimientos mediante concertación con las comunidades.
El proyecto de norma establece lineamientos para el registro de guaduales y bambusales categoría 3 ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en cumplimiento de la Ley 2206 de 2022. Define requisitos para el registro, como acreditar la propiedad o tenencia del predio y la georreferenciación del área. Establece que no se registrarán guaduales con permisos ambientales previos vigentes. Otorga un plazo de dos años para registrar plantaciones existentes sin autorización previa y un período de transición de un año para actualizar registros forestales comerciales vigentes. Regula también tarifas para expedición y actualización del registro y facultades de autoridades para imponer medidas preventivas en caso de infracciones.
Con este proyecto de resolución se busca modificar parcialmente la Resolución 161 de junio de 2024 para actualizar y complementar la declaratoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios del sur de La Guajira, con base en el documento técnico revisado por la UPRA (2024-2025). La modificación busca ajustar la zonificación, usos principales, compatibles y restricciones del suelo, alineándolos con criterios técnicos actualizados y fortaleciendo la protección de estas áreas como determinantes del ordenamiento territorial. Además, se incorpora esta información al Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) y se reafirma el compromiso con la agricultura campesina, familiar y comunitaria, en línea con políticas públicas y normativas vigentes, garantizando la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.
El proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura establece un Programa Especial de Acceso a Tierras Integral para el pueblo étnico Rrom o Gitano. Reconoce su particularidad cultural y social, garantizando derechos tanto individuales como colectivos en cuanto al acceso a la propiedad rural. El decreto promueve la implementación de proyectos productivos sostenibles y asistencia técnica para mejorar las condiciones de vida de esta comunidad, sensible a sus usos y costumbres. Se contempla que las Kumpañy y organizaciones puedan tener acceso a tierras y se certificará su existencia y representación legal. Este proceso busca proporcionar un marco diferenciador que respete su identidad cultural, al mismo tiempo que se integra dentro del enfoque de reforma rural integral establecido en el Acuerdo Final para la paz en Colombia, asegurando así la protección de su bienestar y derechos.
