Sección 4 (1523)
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La Sala comparte la decisión del Tribunal “al considerar que la bonificación por objetivos, resultados y/o desempeños, hace parte de los beneficios extralegales que la empresa reconoce a sus empleados y que fueron acordados entre las partes como no salariales. Se destaca que
“De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 675 2001, la propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular. Su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y
Así, el debate en esta instancia está asociado a establecer si el actor tiene interés legítimo para demandar un acto administrativo que no se dirigía a él, sino a una entidad extinta de la cual había sido liquidador; todo, en la medida en que la deuda allí establecida le podría ser
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La UGPP es competente para solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores de recursos parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley. La Sala reiteró
“La demandante apeló y restringió sus reproches a que no se demostró que el contenido de los correos remitidos correspondiese a la citación para notificación personal del mandamiento de pago y, en el caso de la notificación por correo, que este haya contenido la copia del
“La Ley 1739 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 56 dispuso la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos
“La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, en su artículo 118, facultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Tratándose de procesos en los que se
“El a quo consideró que el gasto por diferencia en cambio correspondiente al ajuste de los activos representados en moneda extranjera de la actora únicamente era deducible al momento de la enajenación o liquidación de las inversiones. Consecuentemente, avaló su rechazo