estas normas eran contrarias a los artículos 131, 150.7 y 338 de la Carta, porque reasignaban una porción de los recursos percibidos por la Superintendencia de Notariado y Registro por concepto de derechos de registro de instrumentos públicos y otorgamiento de escrituras, con destino a inversiones en el sector Justicia que no tenían por objeto recuperar los costos del servicio registral”.