El Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción, pero la entidad accionante insistió en ellas al interponer un recurso de apelación que le correspondió resolver al Consejo de Estado. La alta corte ratificó la decisión. Indicó que el decreto frente al cual se acusa el incumplimiento establece el tipo y uso del suelo en la zona, así como su descripción, pero no contiene un mandato para que la Agencia restrinja allí el desarrollo de actividades mineras y desaloje a quienes la ejercen

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