vio obligada a abandonar su vivienda en la vereda Arcanchi, municipio de Santiago, Putumayo, por amenazas de grupos armados al margen de la ley”.
El comunicado que sintetiza la decisión de la Corte Constitucional, agrega que “el Alto Tribunal estudió el caso de una madre indígena, cabeza de familia, que solicitó su inclusión en el RUV alegando ser víctima de desplazamiento forzado, puesto que en el 2000 se
vio obligada a abandonar su vivienda en la vereda Arcanchi, municipio de Santiago, Putumayo, por amenazas de grupos armados al margen de la ley”.