pretende que cualquier ciudadano que considere que el medio ambiente se ve vulnerado por determinada actuación administrativa, se haga participe en el proceso y haga valer su derecho. “Voluntad legislativa que comprende incluso decisiones de carácter particular, lo que permite afirmar que la notificación personal del directo interesado en un proceso administrativo ambiental no es suficiente, ya que adicionalmente debe publicarse.”

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