Ante la grave calamidad pública que impactó varias regiones del país, el gobierno implementó acciones temporales para asegurar la continuidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica. La medida permite destinar recursos no reembolsables del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura a las empresas afectadas, con el fin de cubrir las necesidades extraordinarias de capital de trabajo, financiar la compra y suministro de energía, así como la reparación y rehabilitación de la infraestructura dañada. Esta intervención busca mitigar los efectos del desastre en millones de usuarios, quienes enfrentan interrupciones y la vulnerabilidad económica, impidiendo así que la falta de energía agrave la crisis y afecte servicios esenciales como hospitales y sistemas de acueducto en los departamentos declarados en emergencia.