El Gobierno puso en marcha un proyecto que reforma la Resolución 0509 de 2018, buscando actualizar los requisitos para que las personas jurídicas puedan acceder al descuento del 25% en el impuesto sobre la renta por inversiones dedicadas al control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. La propuesta ajusta la acreditación de proyectos de eficiencia energética en línea con las nuevas metas nacionales establecidas en el PAI PROURE 2022-2030. Además, introduce directrices y un nuevo formato específico para las inversiones destinadas a la gestión de residuos sólidos peligrosos. La normativa también actualiza los formatos de solicitud y exige el uso de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), otorgando un plazo de seis meses para su adaptación. Se reitera que las inversiones realizadas por mandato de una autoridad ambiental para mitigar impactos no serán elegibles para este beneficio.