El Consejo de Estado no asume el conocimiento del control automático de legalidad de la Circular No. 044 de 30 de abril de 2020, expedida por la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que estableció directrices sobre el impuesto solidario COVID-19, acorde a lo estipulado en el Decreto Legislativo Número 568 de 15 de abril de 2020. Para la Sala, el acto no contiene una medida de carácter general, en tanto se encuentra dirigida única y exclusivamente a los servidores públicos y contratistas de la ADR y no cumplen los presupuestos para efectos de avocar el conocimiento del control de legalidad.

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