El gobierno creó un programa especial para la adquisición y dotación de tierras a pueblos y comunidades indígenas. Esta norma busca garantizar el respeto de sus derechos territoriales, autonomía, autodeterminación e integridad cultural, en línea con los mandatos constitucionales de protección a la diversidad étnica y el acceso progresivo a la tierra. El programa, implementado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con un enfoque indígena y de protección reforzada, beneficiará a aquellos que no posean tierras o cuyas extensiones sean insuficientes. Se priorizará la atención a pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, contribuyendo a la reparación integral y el cumplimiento de la reforma rural. Se basa en la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT), el Protocolo de San Salvador y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, integrando la promoción del desarrollo sostenible y el uso social de la propiedad rural.